Los desafíos de la sociedad civil luego del 20 de mayo

Carlos Romero Mendoza / 08 de mayo de 2018

La sociedad venezolana fue formada para participar políticamente a través de los procesos electorales y buscar mediante el voto la oportunidad de influir en los cambios políticos que el país en su momento y oportunidad reclamaba.

En tal sentido, la sociedad en general fue reduciendo la democracia al voto y, con el transcurso de los años, perdió la capacidad de valorar el rol de las instituciones políticas en la democracia, de comprender la importancia de profundizar el principio de autonomía municipal y complementarla con la descentralización como política para fortalecer la confianza en el modelo democrático.

Pero, aun cuando la sociedad se acostumbró a votar libremente, la indiferencia de los venezolanos por las formalidades y solemnidades de los actos públicos facilitó el camino para que las fechas y los procesos electorales se convirtieran en herramientas discrecionales al servicio de un proceso político.

El debate político sobre el proceso electoral del 20 de mayo de 2018 se ha centrado en un dilema entre votar o no votar, olvidando que el voto es un derecho más no una obligación. En consecuencia, hay libertad de ejercerlo o no. Recordemos 1999, cuando más del 50% de los electores no opinaron y no votaron en la aprobación de la Constitución de 1999, reeditada en el 2000.

El desgaste emocional de la sociedad electoral venezolana por intentar exponer las razones para votar y para no votar, es responsabilidad directa de una dirigencia política que no ha logrado construir entre ellos los consensos básicos para garantizarle a los electores venezolanos una hoja de ruta unitaria para enfrentar las elecciones del 20 de mayo y con base en la cual orientar políticamente a sus electores.

Varios caminos se han propuesto. Por un lado, María Corina Machado propone la dimisión del Presidente; por otro, múltiples sectores, como el Frente Amplio y los diputados jóvenes, proponen no participar porque no hay condiciones adecuadas. Como es obvio, el candidato presidencial y quienes le acompañan plantean la necesidad de participar electoralmente para el cambio político y, por último, otros actores, como la Conferencia Episcopal Venezolana, han propuesto posponer las elecciones porque no hay condiciones para ellas. Todo esto sin olvidar el enjuiciamiento del Presidente de la República vía TSJ en el exilio.

Independientemente de los argumentos de una u otra propuesta, el 20 de mayo está cerca y los desafíos que se nos presentarán como sociedad luego de esa fecha, al margen de los resultados, exigen de manera impostergable un acuerdo político entre la dirigencia que permita una hoja de ruta unitaria para asumir esos desafíos.

La existencia de hecho de la Asamblea Nacional Constituyente y la propuesta que esta presentará para una reforma constitucional, representa claramente el gran desafío poselecciones presidenciales, independientemente de los resultados electorales.

Por cierto, Henri Falcón ha anunciado que, de resultar ganador, no se juramentará ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Por lo tanto, ese escenario alerta de un posible enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y la ANC.

Foto: Efecto Cocuyo

Resulta oportuno destacar que el régimen de manera silenciosa ha dado señales sobre algunos pasos que ha dado la ANC en función de esa posible reforma constitucional. En tal sentido, en enero 2018[1], se anunció la concreción de una metodología a los fines de presentar propuestas orientadas hacia una nueva Constitución.

En el mes de marzo[2], otra nota de prensa informó sobre la presentación a la junta directiva de la ANC de un primer informe con propuestas para la reforma constitucional.   A lo largo de los meses, distintos medios han venido registrando algunos de los temas que supuestamente la ANC ha trabajado para esa propuesta de reforma constitucional, a saber:

Uno de esos temas es la reforma del sistema judicial.  El 8 de febrero de 2018[3] se informó sobre el acuerdo entre ANC y TSJ de crear canales de comunicación permanentes para los aportes y propuestas hacia la nueva Constitución y en ese sentido, el 23 de marzo de 2018[4], se anunció una consulta nacional para la reforma del sistema de justicia en el país, que supuestamente iniciaría en los estados Vargas y Miranda.

Otro tema es el nuevo modelo económico productivo socialista. El 3 de abril 2018[5] se anunció una consulta nacional en esta materia y, el 23 de abril[6], una nota de prensa destacó que en el debate constituyente se planteó la necesidad de revisar los artículos 115, 302 y 303 de la Constitución, que tienen que ver con el modelo económico y de propiedad privada.

Estos son los dos temas que tienen mayor cobertura en los medios digitales, acompañados por la presentación de las propuestas de la juventud en octubre del año 2017[7].

Por su parte, Hermann Escarrá ha insistido en incluir en la Constitución el tema de la traición a la patria ante las acciones sistemáticas de sectores de la derecha de aupar intervenciones militares foráneas en Venezuela y ha anunciado que el tema educativo también está en la agenda de la reforma con la finalidad de reforzar en el orden histórico y geográfico.

Así mismo, Escarrá ha propuesto, en primer lugar, recuperar la figura del Senado[8], pero en el marco del modelo de Estado Comunal. En segundo lugar, sobre la necesidad de perfeccionar y mejorar la figura del Consejo de Estado como figura permanente de consulta al más alto nivel, en materias estratégicas como la seguridad, defensa de la nación y finanzas internacionales.

Los desafios que tenemos que enfrentar como sociedad están allí y el debate político electoral queda corto, la necesidad de construir niveles de cohesión social básicos para enfrentar esos desafíos está condicionada a la posibilidad de concretar un acuerdo político entre la dirigencia política, que les permita asumir el rol de ser orientadores de la opinión pública en momentos tan confusos y complejos.

La sociedad civil no puede seguir invirtiendo tiempo, energía y emociones en organizarse, sin una hoja de ruta que oriente ese esfuerzo y sin un liderazgo que asuma su rol de dirigentes de una sociedad, entendiendo los sacrificios y riesgos que ello supone cuando no hay democracia.

@carome31

El autor es abogado (Universidad Católica del Táchira) con especialización en Derecho Administrativo. Excoordinador en la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado del área Políticas Institucionales.