El control político y la discriminación del censo automotor

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, anunció que en los 335 municipios del país, se realizará la jornada presencial de lo que han calificado como Censo Nacional de Transporte desde el viernes 3 hasta el domingo 5 de agosto.

Según la vicepresidenta, el objetivo del mismo es regularizar y reordenar el mecanismo de subsidio de combustible “a fin de evitar una política de derroche y la proliferación de las mafias de contrabando que sostienen regímenes antidemocráticos.”

Una explicación poco clara e insuficiente, pues la experiencia del control sobre la distribución de gasolina en el Estado Táchira deja en evidencia el fracaso de esa política del Estado de controlar la cantidad de gasolina por vehículo y la capacidad de libremente llenar el tanque de su vehículo cuando así se desee.

Por demás, lo que si se evidencia en el estado Táchira, es que esa política de control, aplicada por varios años, ha contribuido a la pérdida de calidad de vida en la región y además, ha alejado cualquier intento de impulsar al Táchira como destino vacacional interno.

Por otro lado, cuando habla de “derroche”, qué quiso decir, la vicepresidenta, al respecto, si se refiere al uso excesivo del vehículo por parte de sus usuarios, habrá que definir que es “excesivo” y por otro lado, preguntarse ¿se pretende desde el gobierno limitar la libertad de movilización de los vecinos?.

Además, esa pregunta debe responderse desde la dimensión del servicio público de transporte público que en la mayoría del país está en grave crisis por falta de repuestos para mantenimiento y el cual, hay que advertirlo, nunca -en términos generales- ha respondido a la necesidad real de la sociedad venezolana. Entonces ¿a qué derroche se refería la vicepresidenta y a quiénes va ese mensaje?.

Frente a esa propuesta del Censo automotor, el diputado Jorge Millán, respondió cuestionando la medida y destacando de manera acertada, que ese subsidio lo que busca es un control político en el consumo de bienes y servicios.

En ese mismo sentido, Héctor Navarro, exministro del Socialismo del Siglo XXI, alertó que tal medida de vender gasolina a través del uso del carnet de la patria es un elemento discriminatorio. Además denunció que ello significa además, que vendrá un racionamiento de combustible porque no hay suficiente para la demanda existente.

Desde el mundo petrolero, Iván Freites, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, alertó que “no hay capacidad de producir ni un litro de gasolina terminada en el país. El gobierno ha estado haciendo un truque: cambia crudo por gasolina”.

Y en relación a la finalidad del Censo anunciado sobre el parque automotor, afirmó que “necesariamente tienen que bajar el consumo en el mercado interno para medio equilibrar las importaciones y que solamente los que tengan dinero anden en carro”.

Por su parte, el experto petrolero Francisco Monaldi advirtió que el anuncio del subsidio vìa carnet de la patria es un anuncio sobre un eventual racionamiento. Incluso, señaló que por esa vía, posiblemente suban el precio de la gasolina sustancialmente y con el carnet se obtendrá una ración al precio inferior.

Y por último, el economista Luis Oliveros coincidió en afirmar que la medida no sólo es discriminatoria, pues pareciera que habrá un esquema de precios diferenciados: el que tenga el carnet de la patria pagará un precio más bajo que el que no lo tenga; sino que además, es un claro mecanismo de control social del gobierno.

Control social, discriminación y racionamiento, tres palabras que conspiran contra la población venezolana, que cada vez va sintiéndose acorralada por el famoso carnet de la patria, principalmente porque la manipulación del régimen de las necesidades ciudadanas.

El tema central de esta medida no es tanto el racionamiento, que ya se ha venido experimentando, cuando se recorre algunas zonas de Caracas y no se encuentra un tipo de gasolina o por el contrario, se aprecian estaciones de gasolina cerradas por varios días.

El centro sobre el cual hay que reclamar, denunciar, documentar y asumir una posición crítica, responsable y directa es precisamente la imposición de un nuevo mecanismo que va cerrando los espacios de libertad individual de cada uno de los venezolanos.

El control social y la discriminación, cuentan con evidencias claras en el estado Táchira, con prácticas irregulares en la distribución de los CLAP que ahora se reparten con o sin carnet de la patria en urbanizaciones de Caracas.

Es urgente un Acuerdo en esta materia a través del cual la Asamblea Nacional denuncie tal abuso del Estado, que permita dibujar una medida de racionamiento que profundiza la pérdida de libertades individuales de los venezolanos.

Además es esencial que, nuevamente, los artículos 70, 333 y 350 de la Constitución vigente se encuentren como herramientas para que quienes se resistan a perder su condición de ciudadanos, eleven su voz y acompañen con un respaldo el Acuerdo de la Asamblea Nacional.

Si el gobierno ha anunciado que el registro se llevará en los 335 municipios, la protesta y el reclamo debe hacerse sentir en cada espacio público y en cada ciudad del país. No se trata de cantidad, sino de la calidad del eco que pueda generarse.

En tal sentido, la desobediencia civil, la resistencia democrática y pacífica, encuentran en este tema un caso claro y concreto, mucho más efectivo que cualquier paro que se pueda anunciar con toda la justificación que hay para el mismo.

No alzar la voz con un espíritu de cohesión y unidad, es contradictorio en la dinámica actual e incomprensible, que se destine el debate a un supuesto paro nacional y se obvié el control político y la discriminación a la que nos somete el régimen.

Carlos Romero Mendoza.

02 de agosto de 2018