La crisis del agua y la respuesta institucional desde los municipios
En el municipio Baruta del estado Miranda se vivió una crisis de agua como nunca antes en el pasado. Ya estamos acostumbrados a un plan de racionamiento que de excepcional ha pasado a ser permanente. Luego de la rotura de la tubería en la Guairita experimentamos, como sociedad, que no estamos preparados para asumir contingencias tan graves como es no tener agua por más de 18 días a través de la tubería de nuestros hogares.
La ausencia de un plan para el manejo de crisis hizo mucha falta. En tal sentido, Hidrocapital omitió su responsabilidad de proponer un servicio de emergencia ante una interrupción no programada, con lo cual pudo haber aminorado las tensiones y angustias de la población.
Pretender un “servicio de emergencia” como respuesta a la interrupción de la prestación del servicio de agua de manera no programada, es un mandato expreso de Hidrocapital, establecido en el artículo 65 literal k de la Ley Orgánica de Prestación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento (LOPSAPS).
Es tan viable el tema del “servicio de emergencia” que Últimas Noticias, el 10 de mayo de 2018, informó sobre un servicio de emergencia para Valles del Tuy, solicitado por la Alcaldía del Municipio Simón Bolívar (Yare), ante la imposibilidad de satisfacer la demanda de agua de más de 800 mil habitantes.[1]
El Twitter y el chat telefónico fueron los canales de información institucional, pero la calidad de la información no permitió que cada comunidad o sector pudiera valorar la magnitud de las consecuencias de un tubo roto ni asumir una cultura hídrica de contingencia. ¿Cómo asumir esa cultura si no hay sensibilidad de la gravedad del problema?
El exceso de demanda para la oferta en la prestación del servicio de agua vía cisternas, además de sus costos que variaron progresivamente, empezó a ser parte del conflicto que tristemente irrumpió en la convivencia social y quebró la cohesión en muchas de las comunidades.
La incertidumbre, la ansiedad de las familias por planificar el tema de lavar la ropa para el colegio, la adecuda higiene para cocinar, la limpieza en los baños, etc…, se encontraron con la necesidad de agua y, claramente, hubo un golpe muy fuerte a la autoestima de muchos baruteños que empezaron a sentirse vulnerables y agotados de esta batalla permanente contra un Estado que atenta contra la dignidad del ser humano y se opone al desarrollo sostenible.
Un nuevo elemento se agrega al tema del agua, es la militarización de las tomas de agua en Caracas y el anuncio de un Plan de Contingencia que, como tal, supone la existencia de una crisis. El hecho de involucrar a las policías municipales en ese plan, exige sin lugar a dudas que los municipios asuman que son actores en la tarea de velar porque llegue agua a los vecinos[2].
Cuando se habla de contingencia advierte que hay una crisis y, en consecuencia, nos invita a estar preparados. Pero, también, la medida de anunciar ese plan de contingencia y militarizar las tomas de agua podría alertarnos de que así como con la alimentación, se pretende instalar una nueva expresión de control político sobre la sociedad civil aprovechándose de la necesidad, como ha sucedido con el CLAP.
Por cierto, es oportuno destacar que en el año 2016 el movimiento ciudadano Red de Organizaciones Vecinales de Baruta aprobó en una Asamblea de Ciudadanos, luego de varias mesas de trabajo con vecinos y distintas comunidades, un documento llamado “Agenda Ciudadana para enfrentar el problema del agua”[3], en cuyo contenido registró las aspiraciones de cada una de las comunidades e identificó la hoja de ruta política e institucional para lograr enfrentar la problemática del agua en el Municipio.
La Agenda propuso la aprobación de una ordenanza en materia del servicio de agua, atendiendo al mandato expreso de la Ley Orgánica de Prestación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento (LOPSAPS) en sus artículos 11, literal f, 36, 50 y 63 literal m; además, en la Agenda se propuso evaluar la necesidad de un Plan de Contingencia Municipal, que no es otra cosa que un plan de emergencia.
La Agenda fue entregada y presentada al Concejo Municipal de Baruta en el 2016 y al alcalde de Baruta para ese momento. La sociedad civil organizada, a través de esa hoja de ruta, propuso acciones que el sentido común y la experiencia de algunos vecinos en la materia consideraron era lo más viable, pero además, entendiendo el valor de las instituciones políticas y de las autoridades electas que con la debida legitimidad de origen, tenían y tienen la capacidad legal para debatirlas y acordar concretar algunas de ellas.
Hoy, dos años después, es una necesidad, es una urgencia que las autoridades locales, atendiendo a sus atribuciones previstas en la LOPSAPS, en particular, concretando su derecho a recibir información sobre la prestación del servicio y su potestad para ejercer la fiscalización, supervisión y control de la prestación del servicio de agua potable, puedan concretar esas funciones a través de una ordenanza o bien a través de un decreto que por la anormalidad en la prestación del servicio justifique medidas excepcionales de control y supervisión de la modalidad de contingencia de ese Plan anunciado por las autoridades nacionales.
La autonomía municipal para asumir las materias propias de la vida local y velar de manera permanente por la mejora de las condiciones de vida de los vecinos, son principios constitucionales que deben inspirar a las autoridades locales a desarrollar con la urgencia debida su rol como actor en la crisis del agua en su propio municipio, atendiendo a las normas de la LOPSAPS y en beneficio de la colectividad en general, procurando velar por la salud pública, la equidad en el tratamiento de los municipios en el Plan de Contingencia y la convivencia ciudadana.
Hoy resultaría muy oportuno que como ejercicio ciudadano y de reivindicación de las instituciones políticas locales, la crisis del agua permitiera en un Cabildo Abierto acordar una hoja de ruta para enfrentar ese problema y hasta pensar que allí mismo se aprobara un pacto de ciudad por el agua que, en términos generales, permita no sólo comprender la crisis, sino también, asumir una hoja de ruta para enfrentarla, que no quiere decir acostumbrarnos.
El derecho tiene que ser asumido como una herramienta para el orden y la convivencia, las autoridades locales deben asumir su rol de representantes políticos de una población que diariamente siente que sus condiciones de vida se van desmejorando. De lo contrario, el derecho y la representación política pierden sentido y, en consecuencia, se debilita la defensa de la democracia.
El autor es abogado (Universidad Católica del Táchira) con especialización en Derecho Administrativo. Excoordinador en la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado del área Políticas Institucionales.
[1] Ultimas Noticias. Llevarán a la gente agua por cisternas en los Valles del Tuy. 10 de mayo 2018. Online en: http://www.ultimasnoticias.com
[2]Alcaldía de Caracas.- La Gran Caracas se beneficia de plan de contingencia de abastecimiento de agua potable. 15 de mayo de 2018. Online en: http://www.caracas.gob.ve/alca
[3]Agenda Ciudadana para enfrentar el problema del agua. Mesa Técnica de Agua. 2016. Online en: http://redorgbaruta.com.ve/mes
